La crisis mundial del capitalismo de la que somos testigos no parece haber cesado. Mientras que la recesión golpea como un látigo tanto a las economías desarrolladas como a las dependientes, la desaceleración del crecimiento en China augura un horizonte sombrío para los tiempos que se avecinan: las perspectivas de una eventual superación del colapso financiero internacional aparecen cada vez más lejanas. Como fruto de esta situación ha nacido y se expande una sensaciónn generalizada de confusión, incertidumbre e incluso hastío en amplios sectores de las poblaciones que contemplan cómo sus estándares de vida se ven menoscabados por efecto de las políticas llevadas adelante por sus gobiernos, los cuales frente a la presión insaciable de los acreedores internacionales sostienen márgenes casi nulos de negociación política para sobrellevar sus crisis.

Que no ha cesado el ciclo inaugurado por lo que Wolfgang Streeck define como “la peor crisis del capitalismo desde el final de la Segunda Guerra Mundial” –cuyos síntomas se expresan en el declive de la tasa de crecimiento económico, el crecimiento igualmente persistente del endeudamiento púbico y el aumento de la desigualdad social (Streeck, 2014)Streeck(2014)– no solamente lo expresan los grises indicadores económicos de los principales Estados capitalistas, sino fundamentalmente el modo en que éstos han impactado en el registro ideológico de las subjetividades en las democracias contemporáneas. Los desplazamientos actuales en el escenario político, de los que resulta sumamente difícil prever su destino final, llaman la atención por el modo en que se anudan los índices de reducción de la participación electoral (Crouch, 2004)Crouch(2004) con diversas expresiones de un autoritarismo social instigado por dirigentes políticos cuyo capital electoral se encuentra en progresivo crecimiento (Fraser, 2017)Fraser(2017). Dos ejemplos de esta tendencia inaugurada por la crisis del capitalismo en la que la desafección política se empalma con una repolitización autoritaria pueden reconocerse en el despunte de figuras ultraconservadoras como Donald Trump y Marie Le Pen.

En la política de la región latinoamericana esos efectos no se han hecho esperar. A una lectura que aspirase a caracterizar las tendencias ideológicas preponderantes en el presente se le haría muy difícil, por ejemplo, explicar la victoria electoral de Mauricio Macri en 2015, los recientes acontecimientos de destitución política en Brasil o la escalada de violencia como herramienta de oposición en las calles de Venezuela sin atender a las mediaciones que los enlazan con las determinaciones del contexto económico mundial y las dificultades para compatibilizar las exigencias sistémicas de la acumulación de capital con las garantías mínimas de las sociedades democráticas.

Sin embargo, no podría reducirse los factores que han determinado la actual coyuntura histórica a motivos meramente económicos. Efectivamente, además de como un régimen de acumulación, el neoliberalismo también exige ser entendido como una ideología dominante de nuestro presente que logra movilizar políticamente pasiones y afectos de los sujetos en un sentido des-democratizante (Prestifilippo y Wegelin, 2016)Prestifilippo and Wegelin(2016). Uno de los elementos que adquiere notable relevancia cuando nos referimos al anudamiento de determinaciones económicas con problemas político-ideológicos en la actual coyuntura latinoamericana, son los significados opuestos que adquieren las prácticas de consumo en el mundo de la vida cotidiana de los sujetos. Así como la reconfiguración política de la que somos testigos en América Latina vino de la mano con una reemergencia de modelos de gobernanza neoliberal en los que la vieja consigna del déficit fiscal justifica brutales recortes en el gasto público y el desmantelamiento de políticas sociales orientadas a una idea de justicia social, el resurgimiento del neoliberalismo como ideología dominante en Latinoamérica ha conducido a los asalariados y sectores populares no solamente a modificar drásticamente sus hábitos de consumo, sino también a confrontarse con narrativas que ponen en cuestión su participación en la riqueza nacional. Junto a las políticas de ajuste neoliberal somos testigos en nuestros días de una multiplicidad heterogénea de ideologemas que se han orientado a justificar una redistribución regresiva del ingreso asumiendo al problema del consumo como uno de sus temas favoritos de impugnación. En este trabajo nos ocupamos de analizar estos ideologemas en algunas de sus versiones contemporáneas.

Una nueva configuración de alianzas políticas entre una gran parte del capital financiero y agropecuario, poderosos sectores en los sindicatos, y un relativo acompañamiento de sectores sociales medios y bajos, contrastan con las alianzas de clases que nutrieron las experiencias políticas latinoamericanas de la primera etapa del nuevo siglo, cuyo eje principal se sostuvo a base de procesos sociales de ampliación de la demanda interna acompañados de ciclos extendidos de crecimiento económico y procesos de reducción drástica de la desigualdad social. Sobre este trasfondo histórico y social es que el lugar y el valor del consumo en los procesos de integración democrática ha adquirido una centralidad en la agenda de las izquierdas y de la crítica social contemporánea.

El consumo es motivo constante de conflictos político-culturales que movilizan luchas sociales y significaciones en pugna. Esto implica que aun cuando el fortalecimiento, o debilitamiento, de la capacidad de consumo de los asalariados, y de los sectores populares en términos generales, puede ser leído bien como un pilar central del crecimiento, su dinámica no se restringe meramente a su contribución al fortalecimiento de la acumulación capitalista. En otras palabras, en la pregunta por el consumo se condensan también los anhelos sociales por una idea de justicia.

A la luz de las reconfiguraciones políticas y culturales que pueden observarse en parte de la región, quisiéramos indagar aquí sobre esta doble valencia de la cuestión del consumo como un indicador de los vínculos siempre complejos entre democracia y capitalismo en tiempos de expansión neoliberal. ¿Cuáles son las tensiones y disputas que se perciben en relación con los sentidos de los consumos en los debates político-culturales de la sociedad argentina contemporánea? ¿Cómo se relacionan ambas dimensiones, la económica y la política, en el contexto de los desplazamientos político-institucionales que se observan en la región? En este trabajo sostendremos la hipótesis de que ambas dimensiones mantienen una relación de mutua tensión que permite interpretar al lugar que asume el consumo en los procesos de integración democrática como paradójico y no exento de conflictos sin resolución a corto plazo.

Lo que aquí quisiéramos estudiar es el modo en que, en nuestra actualidad ideológica, se justifican las desigualdades sociales en expansión por medio de cuestionamientos, velados por momentos, más directos en otros casos, al problema del consumo de las clases populares. Para realizar esta lectura, nos detendremos en algunas controversias suscitadas en la esfera pública política argentina, haciendo uso de discursividades heterogéneas.

En una columna de opinión publicada ya hace algunos años en el periódico argentino La Nación (Apud, 2016)Apud(2016), se expresa tal vez de una manera ejemplar una posición ideológica acerca de la coyuntura económica que hoy presenta un poder renovado de concitar legitimidad en vastos sectores de la sociedad argentina. Con motivo de una encendida discusión acerca del valor de los servicios públicos luego de la decisión del actual gobierno nacional de abandonar completamente y de una vez los subsidios, allí se sostiene que, más allá de las discusiones técnicas sobre la política tarifaria en luz, gas o en agua, la cuestión tiene que ser desplazada hacia otro ámbito, a saber: el de los problemas culturales relativos al modo en que los miembros de la sociedad argentina perciben su relación con las instituciones del Estado.

Según el culturalismo sui generis que profesa el columnista, “todos están de acuerdo” en que el valor de las tarifas de los servicios públicos tenía que aumentar por su atraso en relación al resto de los precios de la economía argentina; sin embargo, dice, son “pocos quienes quieren hacer el esfuerzo”. De esta forma, el primer nivel del diagnóstico acerca del problema cultural que involucra la discusión técnica sobre el valor de los servicios públicos consiste en esta contradicción entre una aceptabilidad de las readecuaciones tarifarias y una resistencia a lo que el autor entiende como un “esfuerzo” o “sacrificio” que deberían hacer los sectores sociales que más se verían afectados por esta política de ajuste. Aquí el significante “esfuerzo” alude ciertamente a la aceptación de parte de asalariados y estratos populares a resignar parte de su capacidad adquisitiva por un aumento de las tarifas de los servicios públicos. Sin embargo, esta resistencia se vuelve problemática, dice el autor, puesto que estos sectores no solamente rechazan el recorte de su ingreso, sino que también aspiran a que ese esfuerzo o sacrificio “lo haga el prójimo colectivo, que, para el imaginario popular (…) es el Estado”.

Aquí la cultura política que produce lo que el autor entiende como “falacias” es aquella que, “consentida por una gran mayoría de los argentinos, hizo que creyéramos que podíamos vivir con un nivel superior a nuestras posibilidades”. La aspiración de vivir por encima de las posibilidades de uno es entendida por esta posición ideológica como “el acceso a nuevos bienes y servicios” que produce un “elevado estándar de vida” que no se corresponde con el nivel de vida que la sociedad le asigna. El problema cultural que se encuentra detrás de las discusiones técnicas entonces consiste en esta “anomalía” de aspirar a vivir una realidad inaccesible para el sector social al que uno pertenece por el nivel de ingreso. El “esfuerzo” y el “sacrificio” no serían sino las actitudes necesarias para adecuar la esencia objetiva de las clases populares y la existencia subjetiva de sus representaciones, valoraciones y disposiciones, las cuales se habrían desacomodado debido a la intromisión de discursos políticos “falaces” que habrían generado la expectativa de una mayor participación social de los trabajadores en la riqueza nacional.

Este tipo de intervenciones no se dan de manera aislada en la actual coyuntura, sino que forman parte de una búsqueda de satisfacer las necesidades ideológicas de justificación de un programa económico redistributivo a favor de minorías acaudaladas domésticas y transnacionales en distintos países de América Latina. Ellas se sostienen sobre una vieja narrativa, muy conocida por cierto en cierta teoría de la economía, que ha resultado sumamente eficaz a la hora de justificar las reformas neoliberales de fines de los años setenta y principios de los años ochenta con motivo de la crisis del Estado de Bienestar. Como podrá recordarse, este relato apela a la imagen de una demanda excesiva sobre los bienes comunes, el cual se vería conducido a la ruina generando crisis fiscales (Cfr. Alesina y Perotti, 1999: 18)Alesina and Perotti(1999).

Curiosamente el clivaje realidad-ficción sobre el cual parece sostenerse este argumento (la “falsa creencia” sobra la que se sostienen aquellos que se niegan a hacer el “esfuerzo” de reducir su capacidad adquisitiva ante el aumento tarifario de los servicios públicos), remite a una todavía más antigua narrativa económica que, durante varios años luchó en soledad contra uno de los pilares teóricos más sólidos de la hegemonía política y cultural del capitalismo democrático (Streeck, 2016)Streeck(2016). Nos referimos a la impugnación hayekiana de la teoría económica del pleno empleo. A cinco años de finalizada la Segunda Guerra Mundial, Hayek identifica cuales son los elementos centrales de la política económica en gran parte del sistema económico mundial. Ellos podrían resumirse en “la planificación central, el «pleno empleo», y la presión inflacionaria” (Hayek, 1950: 174)Hayek(1950).

Sin embargo, de estos tres elementos, es la cuestión del pleno empleo la que suscita sus mayores consideraciones, puesto que es ésta la que es “deseable en sí misma”, la que ha producido en la opinión “la nueva creencia de que un alto nivel de empleo puede ser permanentemente sostenida mediante presión monetaria” (Hayek, 1950: 175)Hayek(1950). Esto significa entonces que tanto la cuestión de la planificación de la economía como la cuestión de la inflación son para Hayek efectos del aura de legitimidad que rodea a lo que el autor denomina la “ideología del pleno empleo”. Según esta perspectiva, la expectativa de pleno empleo sería una “ideología” puesto que se sostiene sobre el “estímulo artificial” del gasto público que, en lugar de dejar que “el libre mercado actúe bajo condiciones que traerán el equilibrio estable entre la demanda y la oferta”, estimula creencias falsas en la población que producen expectativas peligrosas (Hayek, 1950: 181)Hayek(1950). Los términos en que ubica Hayek la “ideología” son los de la contraposición entre lo falso y lo verdadero, la ficción y la realidad, la artificialidad y lo natural.

En la actualidad también es la oposición entre realidad y ficción, naturaleza y artificialidad, la que permite cuestionar las políticas de subsidio al consumo. Desde esta perspectiva, las finanzas públicas administradas por los políticos son comunes y quedan a merced de las presiones que la ciudadanía ejerce con sus demandas excesivas. Puesto que los políticos pretenden preservar su poder en el Estado, fomentan de manera irresponsable la falsa imagen de un “pozo sin fondo” de recursos públicos, conduciendo a severas crisis fiscales. Esta “tragedia de los bienes comunes” es la consecuencia de la combinación entre las pretensiones infinitas de individuos racionales que aspiran a maximizar sus beneficios y políticos irresponsables que hacen uso de esas individualidades ambiciosas con fines electorales.

Esta “falacia” a la que alude esta posición, es la consecuencia, sin embargo, de una primera falsa imagen que podríamos reconocer como más primitiva y originaria, aunque no por ello más fácil de observar a primera vista. Nos referimos a la imagen que hace creer a la ciudadanía que todos pueden vivir por encima de sus posibilidades. Esto era lo que, según Hayek, hacía de la política del pleno empleo un “experimento insoportable” (Hayek, 1950: 180)Hayek(1950). Puesto que esa creencia termina operando como un obstáculo difícil de sortear, que impide la reversión de aquellas políticas de gasto público. “El gran problema en todas estas instancias”, dice Hayek con un sorprendente grado de conciencia acerca del núcleo del problema, “es si esa política, una vez que ha sido implementada por años, puede ser revertida sin serios disturbios sociales y políticos” (Hayek, 1950: 180)Hayek(1950).

De esta manera, el cuestionamiento neoliberal del déficit fiscal puede ser interpretado como el derivado de un cuestionamiento más sencillo pero más difícil de explicitar en la esfera pública política, que ya había sido pronunciado sin eufemismos por uno de los ideólogos más relevantes del neoliberalismo; esto es: la impugnación tanto de las políticas redistributivas que reducen la desigualdad social como la promoción de marcos normativos que orientan las prácticas sociales y que aspiran a hacer entrar en crisis la distribución simbólica de las partes entre las clases, esto es: los límites que trazan las “posibilidades” que cada estrato social cuenta como su horizonte.

La respuesta ante la “tragedia de los bienes comunes” a la que alude la ideología neoliberal contemporánea refiere a la restricción en el acceso de esos recursos a los fines de resguardar a la economía de su ruina fiscal. Son varias las objeciones que suscita esta narrativa ideológica, más aún cuando se revisa en retrospectiva el ciclo de crecimiento económico prolongado que marcó el comienzo del nuevo siglo hasta 2008 en varios de los países de América Latina. En términos macroeconómicos, la ampliación del acceso a nuevos bienes y servicios por parte de los asalariados y sectores populares operó como un medio de reactivación luego de la crisis del 2001. El mejoramiento del nivel de ingreso de los sectores asalariados y los subsidios al consumo de vastos sectores sociales junto con la inversión pública fue precisamente la condición de posibilidad del crecimiento, impulsando la inversión privada y el optimismo del capital. Como consecuencia, un mercado dinámico y amplio de productos de consumo masivo permitió volcar el ingreso creciente de los sectores populares haciendo posible la colocación de estas mercancías. Esto puede observarse en el siguiente cuadro sintético sobre desigualdad social en la Argentina según distintos coeficientes de Gini extraídos de diferentes fuentes.

Gráfico 1. Coeficientes GINI Argentina 1974-2014

Fuentes: CEDLAS (Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de la Plata), Chartbook of Economic Inequality (Atkinson y Morelli), DAP (“Democracia Argentina Postconvertibilidad” como promedio de los coeficientes GINI presentados por CEDLAS, Atkinson-Morelli y el Banco Mundial). Elaboración propia.

En el mismo, que traza una serie histórica que se inicia en 1974 y que termina en 2014 lo primero que se observa son los dos picos de mayor desigualdad en la historia reciente de la Argentina, que son los de la hiperinflación que dio por terminado antes de tiempo el mandato de Raúl Alfonsín y el colapso de la convertibilidad que condujo a la crisis de 2001 en la que también el caos económico, político y social, impulsó la renuncia del ex presidente Fernando de la Rúa. Sin embargo, a nosotros aquí nos interesa remarcar la tendencia evidente a la baja de la desigualdad en el período histórico de 2003-2014, llegando el coeficiente a 0,421.

En relación con esa configuración especifica de la desigualdad social en Argentina y de su contemporáneo fortalecimiento del mercado interno en el período 2003-2015, cabe decir que estos fenómenos presuponen una serie de desplazamientos internos que datan de una historia más larga del capitalismo y que forman parte de la disolución del régimen internacional de producción orientado hacia el consumo en masa de productos estandarizados. Estos desplazamientos al interior del capitalismo son los que dejaron en el pasado al fordismo como régimen de producción para dar lugar a una modalidad de producción diversificada a gran escala, en la que la industria pesada comenzó a ser reemplazada por artículos electrónicos, vestuario, servicios de viaje en paquetes, artículos diversos para el hogar, teléfonos celulares, entre otros. Esto es, como diría Marx, “un enorme cúmulo de mercancías” destinadas hacia “nichos” de consumidores personalizados gracias a una configuración en clave global de la industria cultural en la cual, por ejemplo, el saber especializado del marketing ha suministrado un conocimiento cada vez más preciso de los deseos y una capacidad de producción de nuevos apetitos en los sujetos (Lash y Lury, 2007)Lash and Lury(2007).

Por lo tanto, el fortalecimiento de la capacidad de consumo de los sectores asalariados que se observa en los procesos políticos del nuevo siglo en la región tuvo como telón de fondo esta reconfiguración histórica de los mercados productivo y comercial, la cual se origina con la crisis y colapso final del modelo de acumulación económica que se había prolongado desde el período de la posguerra durante los famosos “años dorados” del capitalismo. Del mismo modo en que uno de los efectos más significativos de la ampliación del consumo en los sectores populares fue la pronunciada tendencia a la baja de la diferencia entre el estrato social que percibe mayores ingresos y el estrato que se encuentra en la base de la pirámide social, esta novedad en los procesos de estratificación social en algunos países de América Latina se conjugó con una continuidad histórica en la estructuración de los mercados de consumo, los cuales ya habían sido modificados a mediados de los años setenta a raíz de la caída en las tasas de crecimiento con motivo, entre otros, de la saturación de los mercados de bienes duraderos estandarizados (Streeck, 2012: 25)Streeck(2012).

¿Qué efectos en las subjetividades ha producido esta reducción histórica de la desigualdad social? ¿De qué manera convivieron estas dos realidades, las políticas redistributivas en sentido igualitario y los mercados adaptados al gusto de los consumidores entendidos ahora como individualidades deseantes? En relación con esta continuidad histórica a la que hacemos referencia, cabe desarrollar algunas de las reflexiones de Suely Rolnik (Fernández Polanco y Pradel, 2015)Fernández Polanco and Pradel(2015) acerca de las políticas contemporáneas del deseo que produce la actual configuración del capitalismo neoliberal. Pues en sus indagaciones se interpreta con precisión el empalme histórico entre tendencias contrapuestas en el que se ubica el problema del consumo, subrayando los procesos psico-sociales que presupone en el sujeto y permitiendo así extraer conclusiones acerca de las paradojas que rodean a esta cuestión para las izquierdas y el pensamiento crítico.

Según Rolnik, la experiencia ordinaria en la que se constituye el sujeto consiste en una identificación de lo que se percibe sensorialmente (“cuando veo una forma, o cuando escucho, o cuando siento algo”) con el conjunto de representaciones que la sociedad ofrece y que forma parte del repertorio cultural del sujeto. A este tipo de experiencia las identifica con las “capacidades de percepción y de los sentimientos del yo”. Por el contrario, Rolnik diferencia otro tipo de experiencia, que denomina “afuera-del-sujeto” en donde el mundo no se experiencia como “objeto” sino como conjunto de “fuerzas” que afectan no al yo sino al cuerpo. A diferencia de la subsunción de las experiencias singulares en un decálogo de representaciones generales, aquí el mundo “vive en nuestro cuerpo bajo el modo de afectos y perceptos”. En este estado el sujeto no dispone ni de imágenes ni de palabras que permitan identificar esas fuerzas, de manera que se produce una experiencia de intraducibilidad que produce un conflicto. Según Rolnik esta experiencia es constitutiva de la subjetividad en toda época, sin embargo, lo que varía es el modo en que cada configuración histórica de la “cartografía cultural”, en que cada coyuntura responde a este conflicto: “Es algo que tiene consecuencias muy importantes porque es precisamente esa experiencia la que convoca al deseo a actuar para recobrar un equilibrio vital. Y ahí es donde todo se juega, pues son distintas las perspectivas que orientarán esta acción”.

El neoliberalismo, entendido como el “discurso” que hoy en día coloniza las interpretaciones a nivel mundial de ese conflicto, “se impone a la vida humana y sobrecodifica sus múltiples formas y su permanente variación”. Su eficacia, en términos de Rolnik, consiste en “anestesiar los afectos y los preceptos, la capacidad que tiene el cuerpo de descifrar el mundo desde su condición de vivo, o sea, desde los efectos de las fuerzas del mundo en las fuerzas que lo componen”. Como consecuencia, el neoliberalismo sobrecodifica la experiencia de la subjetividad exclusivamente en su dimensión de “sujeto”, vale decir, interpretando ese “afuera” como amenaza. El conflicto entre la irreductibilidad de las fuerzas al repertorio cultural e ideológico que configura el mundo de la vida se vive así como un factor de desestabilización subjetiva, y por lo tanto, como causa de un malestar.

La hegemonía global de la ideología neoliberal plantea dos interpretaciones posibles de las razones de este malestar en el sujeto, y a partir de este diagnóstico doble, dos políticas: o bien las causas las proyecta en el mundo exterior, identificando a otro como amenazante, siendo este otro “una persona, un pueblo, un color de piel, una ideología, un partido, etc.”; o bien interioriza las causas en el mundo interior del sujeto, asumiendo una deficiencia congénita que lo vuelve responsable de su despeñadero. Mientras que el neoliberalismo capitalista conduce a la producción de un sujeto paranoico, que proyecta la causa de su malestar sobre el otro y así lo demoniza a partir de prácticas políticas del odio y la agresividad autoritaria; la segunda interpretación del desmoronamiento del sujeto como déficit del yo, viene de la mano con una terapia o remedio a partir de la compulsión al consumo. Así pues, se constituye toda una modalidad política de subjetivación, que en el capitalismo neoliberal se presenta como dominante, en la que los objetos de ese consumo se presentan como oportunidades “de recobrar un contorno y un sentido”. Ambos destinos de la política neoliberal del deseo figuran así como las dos caras de una misma ideología dominante a nivel global.

Como sosteníamos, una manera de responder a estos problemas históricos es a partir del análisis del consumo como una práctica social. En efecto, el consumo no solamente puede entenderse en su raíz macroeconómica ni en su raíz psicológica, sino que afecta dimensiones simbólicas, culturales y hasta normativas que explican precisamente por qué ocupa en la actualidad un lugar destacado en la escena de las discusiones y los conflictos político-culturales en la Argentina. Como han afirmado distintos autores, la práctica del consumo excede su sentido meramente económico; pues constituye significados compartidos y contribuye a reforzar las marcas de identidad y de posición social entre los sujetos, las cuales no pueden ser reducidas a dimensiones psicológicas (Franco et al., 2010: 31 y ss.)Franco, Hopenhayn and León(2010). En este sentido:

La amplia variedad de posibilidades de consumo alternativas en los mercados posfordistas proporciona un mecanismo que permite a las personas concebir un acto de compra –con el que concluye a menudo un largo proceso de exploración introspectiva de las preferencias personales de cada uno– como un acto de autoidentificación y autopresentación que aleja al individuo de determinados grupos sociales y al tiempo que lo acerca a otros (Streeck, 2012: 30)Streeck(2012).

La reducción de la desigualdad reconocible por la mejora real del poder adquisitivo y en la ampliación del acceso a bienes y servicios por parte de los sectores populares durante el período 2003-2015, ha repercutido efectivamente también en la formación de las identidades de clase. Así como en el período de las dos décadas finales del siglo pasado en la Argentina la fragmentación social fue el efecto de la combinación de una mayor concentración del ingreso y de altísimos niveles de pobreza con elevadas tasas de desempleo, en la nueva etapa abierta en 2003 el consumo figuró como uno de los medios más efectivos de recomposición del tejido social. Por lo tanto, al consumo cabría entenderlo no solamente como una variable económica ni como un eslabón psicológico del sujeto neoliberal sino también como un medio de integración social y de constitución de nuevos lazos sociales entre los agentes.

Como han hecho notar distintos estudios de opinión, cuando se indaga en el modo en que han repercutido en el registro ideológico estos desplazamientos recientes en la estratificación social de la Argentina, saltan a la luz mayoritariamente las identificaciones con la clase media. Si bien en la Argentina la autopercepción de clase estuvo marcada en términos históricos desde el peronismo clásico por la expectativa de una movilidad social ascendente, autopercepción que ha quedado marcada como un sello en las representaciones sociales más allá del nivel de ingreso y de la efectiva posición en la estructura social (Adamovsky, 2009)Adamovsky(2009), cabe decir que en la actualidad la identificación mayoritaria de la sociedad argentina metropolitana con la clase media se ha visto fortalecida por el mejoramiento de los indicadores sociales y por el ascenso social de vastos sectores que han modificado su posición de clase por medio del acceso a nuevos bienes y servicios antes vedados.

La constitución de nuevas clases medias ha sido reconocida como un fenómeno compartido por varias de las experiencias políticas latinoamericanas que han ocupado posiciones de poder en el Estado en la primera década del nuevo siglo. Al mismo tiempo, este fenómeno se ha convertido, por distintos motivos, en un verdadero problema tanto para las ciencias sociales que aspiran a interpretar sus representaciones, así como para los actores políticos con pretensiones de representarlas (Ipar, 2017)Ipar(2017). Así como, según una encuesta realizada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Grimson, 2015)Grimson(2015), un 80% de los encuestados se identifican como pertenecientes a algún sector de la clase media, dentro de esa rotunda mayoría es necesario indagar en las percepciones de las heterogeneidades sociales que se reconocen al interior de esa unidad simbólica. Puesto que dentro de esta estratificación ampliada es posible reconocer diversas estrategias de distinción en las que es posible reconstruir modos diferenciados de reconocer desigualdades justas (Bourdieu, 2014)Bourdieu(2014).

Así, por ejemplo, en un grupo de discusión que realizamos en la Ciudad de Buenos Aires en 2015fn2, se sostuvo que en el mundo actual los individuos cuentan con oportunidades suficientes para acceder al mercado laboral y, por lo tanto, para salir de la pobreza. Sin embargo, si la pobreza y el desempleo persisten en la sociedad se debe a la “mentalidad” de los sujetos poco dispuesta al trabajo y acomodaticia, esto es, acostumbrada a una dependencia de la asistencia estatal. En este sentido, los participantes del grupo coincidieron con el modelo del agente que detectábamos más arriba en las teorías económicas clásicas: en el mundo social los individuos tienen que ser entendidos haciendo abstracción de las mediaciones sociales de clase que los ubican en la estructura social; vale decir: como sujetos racionales que aspiran a maximizar sus beneficios.

En las discusiones suscitadas durante estos grupos se pudo observar no solamente un cuestionamiento de la intervención estatal a favor de una mayor igualdad de derechos sociales, sino que además apareció la interpretación de la pobreza como una cuestión de herencia. Según estos jóvenes, pertenecientes a la clase media urbana, son los pobres quienes “nacen” con una mentalidad opuesta a la del trabajo. En este sentido, la desigualdad queda justificada por la falta de voluntad de algunos individuos para trabajar y estudiar. En definitiva, el criterio de justicia manejado por ellos hace abstracción de las diferencias entre clases sociales para colocar la responsabilidad en el individuo. Esos individuos pueden ser entendidos como sujetos del cálculo, astutos y racionales en su utilización del Estado, o como objetos pasivos de una mentalidad heredada que los condiciona a no querer esforzarse. En ambos casos, el problema consiste en desanclar los destinos individuales de las mediaciones de la totalidad social.

Si el origen de las desigualdades sociales se explica por esa mentalidad con la que nacen aquellos que están más abajo en la pirámide social, esa mentalidad acostumbrada a una dependencia de la asistencia estatal también explica las consecuencias de las desigualdades; vale decir, las formas de comportamiento de esos individuos que, no solamente carecen de voluntad para trabajar y estudiar, sino que también se aprovechan de las oportunidades que ofrece el Estado, sacando ventaja a costa del esfuerzo de los que sí trabajan y estudian. Así, por ejemplo, una participante del grupo focal cuestiona la existencia de políticas públicas de respaldo y acompañamiento estatal a estudiantes desempleados, que trabajan informalmente o que cuentan con un salario menor al mínimo vital y móvil por el hipotético uso que los jóvenes podrían hacer del dinero recibido en concepto de ayuda económica:

Elsa: A mí me molesta primero porque me enteré de lo que hacen los chicos, del mal gasto que hacen de esa beca. Porque yo he escuchado miles de veces que dicen “ah, voy a cobrar”, “ah, cuando cobre la beca me voy a comprar esta camiseta, ah cuando cobre la beca me voy a comprar estas zapatillas, o para la joda del fin de semana, el alcohol y todo eso; yo jamás escuché que se van a comprar libros, cuadernos, lapiceras, etc… Me molesta de los chicos que he escuchado en la calle, en el colectivo es que esa plata que supuestamente es para estudiar y todo eso ellos lo malgastan, que no lo valoren, que no lo inviertan en educación.

Uno de los modos en que la ampliación de la capacidad de consumo en los sectores que ocupan la base de la pirámide social ha conducido a un ascenso en la estratificación la reconocemos en el ámbito de la cultura. El fortalecimiento del poder adquisitivo del salario y las políticas estatales redistributivas como asignaciones familiares o programas sociales de promoción de la escolarización condujo en el período 2003-2015 a un mayor acceso a bienes y servicios culturales como medio de adquisición de un estatus social hasta entonces reservado solamente para los sectores de mayores ingresos^{[fn3] [ref16]}.

Precisamente este fenómeno de ampliación de la capacidad de consumo en los sectores asalariados y populares es lo que aparecía como motivo de rechazo por parte de los integrantes del grupo de discusión que hemos analizado. Sin embargo, del mismo modo en que puede cuestionarse la justicia redistributiva de la riqueza material de manera indirecta, esto es: o bien criticando la irresponsabilidad fiscal del Estado “populista”, o bien criticando los usos del dinero en el consumo de aquellos sectores que son objeto de las políticas de protección social del Estado, de la misma manera es posible impugnar la justicia redistributiva de la riqueza simbólica de forma soterrada, vale decir: cuestionando la “gratuidad” de los bienes y servicios culturales como política de Estado por medio de argumentos mercantilistas.

Esta posición ideológica, por ejemplo, puede objetar que la Sinfónica Nacional se haya transformado en “la única orquesta profesional del planeta en dar todos sus conciertos gratuitos” (Monjeau, 2016)Monjeau(2016). Debido a que, según se sostiene, “Todo tiene su precio”, la ausencia de un valor económico en el acceso a piezas musicales de elevada calidad estética bloquea la posibilidad de una auténtica experiencia por parte del público, convirtiendo a éste, por lo tanto, en un “mal público”. De allí que, según esta modulación de la ideología neoliberal, exista una afinidad entre valor mercantil, expresado en el precio monetario de una entrada a un concierto de la sinfónica nacional y la facultad del juicio que puede poner en práctica un público específico. Pagar con dinero en este caso representa un mérito suficiente para acceder a un bien cultural.

Así como antes podíamos reconocer en Hayek una impugnación de lo que denominaba “ideología del pleno empleo”, con motivo del manejo de políticas que “restringen la libertad de acción” (Hayek, 1950: 184)Hayek(1950), así también ahora se alude a una suerte de filosofía de la sospecha para rechazar la gratuidad del acceso a bienes culturales sofisticados, con motivo de los esquemas de apreciación “extra-estéticas” que el Estado promueve en los públicos desnaturalizando así el vínculo presuntamente genuino que deberían mantener los sujetos con las obras de arte. En ambas narrativas lo que se cuestiona son las políticas redistributivas que lleva adelante el Estado interviniendo en los mercados. ¿Cómo interpretar esta impugnación?

Según la formulación clásica de Michal Kalecki (1943)Kalecki(1943), cuyas reflexiones resultan de sorprendente actualidad para nuestra coyuntura, las razones profundas de esta oposición son de tenor estrictamente políticas. El motivo de las reflexiones de Kalecki son las oposiciones de los dueños y administradores del capital al objetivo del pleno empleo obtenido mediante el gasto público. Las razones según el economista polaco pueden distinguirse en distintas categorías, que incluyen tanto el rechazo general a la interferencia estatal en el problema del empleo como el rechazo más específico a la orientación de la dirección del gasto público. Sin embargo, según Kalecki, persiste una motivación última que se encuentra de fondo en estas oposiciones y que explican por qué el capital podría negarse a que el Estado le garantizase la rentabilidad de sus inversiones por medio del subsidio al consumo. Esa razón última no se detiene tanto en la intervención estatal, o en la dirección la misma, sino más bien en los efectos sociales y políticos que ella puede producir cuando se mantiene en el tiempo:

En verdad, bajo un régimen de pleno empleo permanente, “el cese” dejaría de desempeñar su papel como medida disciplinaria. La posición social del jefe se minaría y la autoestima y la conciencia de clase de la trabajadora aumentarían. Las huelgas por aumento de salarios y mejores condiciones de trabajo crearían tensión política (Kalecki, 1943: 119)Kalecki(1943).

La intervención estatal sostenida en el tiempo con políticas de inversión pública o la subvención al consumo de masas por diferentes medios, trastocan las relaciones de producción entre las clases sociales. Según esta interpretación, el aumento de la participación de los asalariados en la renta nacional no aminora la conflictividad social, tal como podría prever el lugar común del “aburguesamiento” de los asalariados, sino que la profundiza, produciendo así mayor tensión política. Lo que nos viene a decir Kalecki es que los argumentos que se detengan meramente en las razones económicas no podrán dar cuenta de los fenómenos de rechazo a la intervención estatal en la economía, puesto que incluso cuando el capital se beneficia con esas intervenciones viendo aumentar sus ganancias, incluso allí se opone a esas políticas: “Su instinto de clase le dice que el pleno empleo duradero es poco conveniente desde su punto de vista y que el desempleo forma parte integral del sistema capitalista «normal»” (1943: 119)Kalecki(1943).

Para finalizar, quisiéramos detenernos a modo de conclusión en lo que hemos denominado el doble carácter del fenómeno del consumo. Como hemos sostenido, la ampliación del acceso a bienes y servicios ha funcionado en los procesos de integración democrática de la primera década del nuevo siglo en Argentina tanto como un motor del crecimiento económico, así también como un medio de recomposición del tejido social y de fortalecimiento de las identidades de clase luego del colapso económico, social y político de 2001. Precisamente el fenómeno de nuevas prácticas de consumo en los sectores asalariados y populares ha sido motivo de controversia por parte de una reacción ideológica anti-igualitaria que ha aspirado a justificarse haciendo uso de distintas narrativas que van desde la recuperación del mito de la “tragedia de los bienes comunes” hasta la imagen de una “ideología de la gratuidad” en el acceso a la cultura, pasando por la imputación clasista de una “mentalidad” contraria a la cultura del trabajo y heredada, vale decir: no adquirida, por los miembros de las clases populares. En los distintos modos en que hoy se asiste en el debate público a la aparición de narrativas que justifican la desigualdad social se registran fuertes cuestionamientos a la ampliación del consumo de bienes materiales como simbólicos por parte de aquellos sectores sociales de menores recursos. Esas modalidades de impugnación abrevan en una noción de “normalidad” que se asocia precisamente con la utopía hayekiana de una repartición de lo sensible en la que cada parte tenga asignado su lugar en un orden social libre en la que los individuos no sean coartados por “experimentos” de intervención cuya “artificialidad”, según sus términos, no se puede soportar.

Sin embargo, el doble carácter del consumo produce una paradoja, como pudimos apreciar con Rolnik, precisamente por la ausencia de una univocidad en la estructura de su práctica. La ampliación del consumo al mismo tiempo en que permite fortalecer una percepción de clase media en ascenso, al mismo tiempo carece de los recursos normativos suficientes para desmercantilizar la vida política y social, produciendo en las subjetividades políticas percepciones privatistas del lugar del individuo en la sociedad. Es esto precisamente lo que ha reconocido Streeck en sus reflexiones acerca de las consecuencias políticas de la expansión de los patrones de interpretación y de socialización que la práctica del consumo hacia la esfera pública. La penetración de los hábitos de consumo posfordistas en la política tiene como efecto su descrédito y debilitamiento, por la tendencia a evaluar a su rendimiento según los criterios y las expectativas fomentadas por las “comunidades de consumo”. Mientras que éstas dan lugar a la producción de lazos más débiles y laxos, en donde se vuelve mucho más sencillo su abandono, permitiendo a los individuos “saltar de una identidad a otra, libres de cualquier obligación" de dar cuenta de sus decisiones (Streeck, 2012: 31)Streeck(2012), las comunidades políticas producen relaciones “rígidas y persistentes”, que enfatizan “fuertes lazos de deber más que débiles lazos de opción” (2012: 36)Streeck(2012).

La integración democrática que hace descansar sus logros del proceso igualador en la práctica del consumo puede llegar a quedarse renga cuando no lo acompaña de una profunda discusión político-cultural acerca de las precondiciones sociales de las identidades de los sujetos. El intento de remodelación de la política pública según la perspectiva de la remodelación capitalista de la empresa posfordista hace posible las narrativas de la privatización de las funciones estatales, que aspiran a reducir los canales públicos de abastecimiento, como lo demuestra la impugnación de la legitimidad de los subsidios en el área del suministro de servicios a los ciudadanos. Pero la interpretación de la política según los criterios del modelo de consumo neoliberal va más lejos, extendiéndose también a la interpretación que ofrecen los sujetos de los vínculos horizontales que mantienen entre sí. Esto queda expresado tal vez de la manera más cruda en las expresiones autoritarias de justificación de la desigualdad en sectores sociales medios y bajos, como los que se expresan en las discusiones mencionadas de los grupos focales, que paradójicamente se han visto beneficiados por la reducción de la brecha social en estos últimos años (Cfr. Gráfico 1), pero que no contemplan con buenos ojos que aquellos que se encuentran más inmediatamente por debajo suyo asciendan en igual medida, muchas veces reduciendo las distancias que los separan. Aquí se anudan las dos dimensiones, la compulsiva y la paranoica, de la política neoliberal del deseo que apuntábamos arriba.

El doble carácter del consumo, su dimensión económica y su dimensión simbólica, aquella que lo vuelve motivo de tensiones político-culturales, es también, visto desde el lado de la integración democrática, una de las fuentes de las paradojas que tensan el escenario político y cultural de nuestro presente, obligándonos a repensar esta categoría en un marco teórico y normativo más amplio en el que efectivamente pueda ser orientado según un sentido emancipatorio.