En una investigación precedente de corte sociológico (Gutiérrez, 2019)Gutiérrez(2019), analizamos las identidades de ciertos colectivos culturales que intervinieron en los procesos participativos de elaboración del proyecto de Ley en Apoyo a la Cultura Comunitaria, Autogestiva e Independiente y que se vinculan en mayor o menor medida con el Programa Nacional Puntos de Cultura (2011-2019) de Argentina. Entre ellos, revistieron especial interés los colectivos que se han reconocido como parte del Movimiento Cultura Viva Comunitaria (en adelante CVC). En el análisis de dicho fenómeno, tuvo preponderancia un posicionamiento respecto del carácter ontológico de las identidades colectivas que intenta exaltar su carácter procesual, evitando perspectivas que las fijen o que las conciban como un constructo simbólico definido de manera intencional, estratégica y consciente.

En este artículo proponemos retomar la perspectiva culturalista que permite pensar la identidad, o más bien los procesos de identificación como la articulación entre la interpelación que generan las prácticas y los discursos sobre el lugar que se espera que ocupen los sujetos de discursos específicos y los procesos subjetivantes que les permiten a los sujetos enunciarse. Es decir, consideramos, junto con Stuart Hall (2003)Hall(2003), que la identidad puede ser pensada más allá de la interpelación que generan ciertas estructuras de sentido que convocan a los sujetos a “ocupar su lugar”, para poder pensar también en cómo se constituyen esos sujetos en relación con esas prácticas discursivas; es decir, qué mecanismos operan para que el sujeto se sienta identificado con el rol al cual se lo está convocando. Así mismo, sostenemos que puede considerarse a los colectivos vinculados a CVC como la emergencia de una comunidad nueva, antes inexistente en el espacio social (Manrique y Quintana, 2016Manrique and Quintana(2016); Quintana, 2015Quintana(2015); Rancière, 1996Rancière(1996)). Este “movimiento” se desmarca de cierta identidad establecida por las políticas culturales oficiales, aunque se asienten sobre la base de conquistas de derechos ya instituidos.

Vale decir que en este análisis intentamos articular nociones teóricas y empíricas a los fines de explicar el fenómeno que problematizamos. Nos propusimos abordar la sutura entre prácticas discursivas y sujetos, que funciona bajo la noción de identidad, siguiendo a Hall (2003)Hall(2003) y dar cuenta de su articulación a partir de los desarrollos de Quintana (2015)Quintana(2015), sobre los procesos de subjetivación política. Esto es, el vínculo entre la interpelación estatal que intenta asignarles un rol de beneficiarios de una política pública y los procesos por los cuales los colectivos vinculados al Movimiento CVC, se constituyen como sujetos, aunque no de manera acabada y estable, sino apelando continuamente a la experimentación política.

La apuesta experimental de ese sujeto político inacabado que se denomina “Movimiento Cultura Viva Comunitaria” reside no sólo en el uso político de determinadas políticas públicas instituidas (Puntos de Cultura Argentina), que a la vez los interpelan como beneficiarios y sujetos de derecho, sino también en la confrontación con el orden instituido. En dicho desacople, se produce una subjetividad nueva, heterogénea, que se resiste a una identificación y a partir de la cual se escenifica el desacuerdo, se cuestionan los sentidos establecidos de la cultura y las políticas culturales. Esa subjetivación política la entendemos como parte de un proceso en el que emergen ciertos colectivos culturales vinculados al Movimiento CVC, que disputan al Estado no sólo los sentidos construidos respecto de la cultura sino también la noción de que el Estado detenta de manera exclusiva la capacidad de definir políticas culturales. En última instancia, estos procesos dan lugar a un “nous-outros” que emerge en la experimentación y que propicia una estructura política del desacuerdo desde la cual plantear otras formas de ser en común.

En este artículo, en primer lugar, nos abocamos a describir el proceso de formulación del Proyecto de Ley en Apoyo a la Cultura Comunitaria, Autogestiva e Independiente y el Programa Puntos de Cultura en Argentina. Dichas experiencias surgen en el marco de un clima de fomento de la participación de las organizaciones sociales en las políticas públicas tanto en Argentina, como en Brasil (país relevante por su desarrollo en materia de políticas culturales comunitarias) y otros países de América Latina. En segundo lugar, interesa analizar las identidades y procesos de subjetivación de los colectivos vinculados con el Movimiento Cultura Viva Comunitaria. Para ello recurrimos a poner en diálogo dichos procesos, con el sentido de identidad propuesto por Hall (2003)Hall(2003) y los desarrollos en torno a la subjetivación política que tienen asidero en la teoría rancieriana.

Por último, nos preguntamos por la posibilidad de engendrar estrategias de resistencia que confronten con las lógicas desigualitarias gubernamentales y con la propensión de las políticas culturales de convertirse en políticas de administración de la diferencia. Tendencia esta, que se exacerba si se consideran las transformaciones generadas en los Estados en el marco de la racionalidad neoliberal. En suma, nos preguntamos, en última instancia, por la posibilidad de que los colectivos culturales bajo estudio puedan darse ciertos procesos de subjetivación política que hagan emerger de manera experimental y disensual, “otras formas de ser en común” (Quintana, 2015: 70)Quintana(2015).

En América Latina, la articulación de movimientos de base, el activismo y los movimientos estético-político de los años 60 constituyen antecedentes interesantes para analizar la apelación al uso del arte y la cultura como medios para demandar cambios y transformaciones sociales. Sin embargo, este uso instrumental presenta rasgos particulares en el marco de las transformaciones políticas sucedidas durante el denominado “giro a la izquierda” (Arditi, 2009Arditi(2009); Ferrero et al., 2019Ferrero, Natalucci and Tatagiba(2019); Natalucci, 2018Natalucci(2018)).

Tal como se reporta en algunas investigaciones (Gutiérrez, 2019Gutiérrez(2019); Infantino, 2019Infantino(2019); Prato y Segura, 2018Prato and Segura(2018)), tanto académicos como “militantes de la CVC” exaltan el carácter innovador del Programa Nacional de Cultura, Educación y Ciudadanía Cultura Viva, implementado en Brasil a partir de 2004. Según estos referentes, se presenta como un paradigma cultural que fomenta la democracia y la participación. De hecho, dicha política cultural inspiró procesos colectivos en diferentes países de América Latina que comenzaron a difundirse dentro de lo que se llamó Plataforma Puente y luego “Movimiento Cultura Viva Comunitaria”. Tal como lo enuncia en documentos, redes sociales y en la voz de sus participantes, éste se propone fortalecer las expresiones artísticas y culturales territoriales y generar acciones de incidencia en políticas públicas relativas a la “cultura comunitaria” en todos los niveles estatales.

En Argentina, el proceso participativo generado por el colectivo “Pueblo Hace Cultura” (con confluencia en el Movimiento latinoamericano Cultura Viva Comunitaria) culminó en la presentación del Proyecto de Ley en Apoyo a la Cultura Comunitaria, Autogestiva e Independiente. Sin embargo, dicho intento legislativo no surge de manera aislada, sino que tuvo lugar en paralelo a una serie de procesos de formulación e implementación de políticas culturales que contaron con una inusual participación de las organizaciones sociales y culturales. Así fue como se desarrollaron, por caso, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley Nacional de la Música, los intentos legislativos generados en torno a la Danza, el Teatro Comunitario, y la Ley Federal de las Culturas.La apertura de los diversos niveles del Estado, la articulación regional y nacional en redes de organizaciones culturales favorecieron dicho incremento en la participación (Prato y Segura, 2018)Prato and Segura(2018). Para lograr la presentación y aprobación de las propuestas en el Congreso, los segmentos involucrados en dichas leyes gestionaron articulaciones con diputados o senadores, mientras que, al interior de sus redes, realizaban debates de propuestas y foros federales para articular sus aportes.

Vale destacar que la difusión de políticas culturales de base comunitaria tuvo su correlato, en la Argentina en el Ministerio de Cultura de la Nación. Es decir, casi en simultáneo a la primera presentación del Proyecto de Ley en Apoyo a la Cultura Comunitaria en el Congreso, es lanzado el Programa Nacional Puntos de Cultura, inspirado también en la experiencia brasileña de los Pontos de Cultura (beneficiarios del arriba citado Programa Nacional de Cultura, Educación y Ciudadanía Cultura Viva del MinC de Brasil).

Según expresa la resolución de su creación (Ministerio de Cultura de la Nación, 2011)Ministerio de Cultura de la Nación(2011), el Programa argentino se basa en una perspectiva que considera a la cultura como un instrumento fundamental para el desarrollo de un país con inclusión social. Aunque tiene específicamente el objetivo de fortalecer el trabajo de las organizaciones sociales y las comunidades indígenas, al momento de su surgimiento, ya existían otras políticas oficiales similares^{[fn1] [ref21]} con el objeto de estimular la participación de múltiples actores en la escena cultural y sociopolítica que históricamente habían sido relegados por las políticas culturales.

En una investigación anterior (Gutiérrez, 2019)Gutiérrez(2019) nos propusimos analizar la mutua implicancia que tienen en los procesos de definición e implementación de Puntos de Cultura, la perspectiva de actores institucionales (del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo Nacional) y la de colectivos vinculados en mayor o menor medida al Movimiento CVC, y quienes resultaron beneficiaron en alguna de las convocatorias del Programa en cuestión.

Algunas conclusiones que interesa reportar en este trabajo tienen que ver con lo que nosotros señalamos como dos concepciones diferentes de cultura, que pueden vincularse así mismo con dos momentos o etapas del Programa PC y encontrar mayor o menor resonancia en los sentidos que construyen los participantes de CVC. Por un lado, durante la denominada “primera etapa” del Programa PC (2011-2015), subyace una concepción de cultura como “medio”. Este marco interpretativo se alineaba con los construidos por organizaciones culturales que compartían el interés de intervenir, a partir de expresiones artísticas y culturales, en áreas consideradas distintas a “lo cultural”. Por otro lado, a partir de 2016, se evidencia una cierta transformación en el sentido de cultura subyacente en la política oficial, ya no solamente concibiendo a ésta como medio sino como fin en sí mismo. Es decir, lo que se intenta fomentar es una discusión sobre el sentido de lo cultural y de lo comunitario en la política oficial. Para ello el Programa puso a disposición una serie de mecanismos de “cogestión” o “gestión compartida” con las organizaciones de la sociedad civil, como la Comisión Nacional de Puntos de Cultura y el Consejo Cultural Comunitario (Ministerio de Cultura de la Nación, 2016)Ministerio de Cultura de la Nación(2016) que, si bien ya estaban previstos desde el surgimiento del Programa, nunca se habían implementado. Dicho marco de interpretación tuvo resonancia entre los participantes de CVC quienes lo concibieron como una oportunidad para fortalecer la dimensión autónoma de los procesos y articularse con otros actores locales (dentro de un municipio, una provincia o una región subnacional).

Sostenemos que hay una adaptación del marco de interpretación de la política oficial para sostener a las políticas culturales comunitarias en el largo plazo, intentando que la “cultura comunitaria” sea reconocida y difundida por niveles subnacionales e incluso por fuera del ámbito estatal, anticipándose a una serie de políticas de ajuste presupuestario y desjerarquización del Ministerio de Cultura de la Nación.

Tal como desarrollaremos más adelante, siguiendo a Quintana (2015)Quintana(2015), se podría decir que los colectivos mayormente vinculados a CVC, hicieron un uso político de un derecho instituido a través de estos mecanismos de participación, que les permitió sobre esas bases, instalar una estructura política del desacuerdo. Esto es, una tensión entre las “formas de igualdad” (cogestión) y los “mecanismos desigualitarios de las lógicas gubernamentales” (diferenciales de poder entre el Estado, los representantes de los Puntos de Cultura a nivel regional y el resto de las organizaciones de base).En última instancia, tal como aquí se desarrolla, lo entendemos como un intento de subjetivación política que les permite desmarcarse de la identidad fijada e impuesta por el Estado, como beneficiarios o cogestores, y entenderse como generadores de sus propias políticas culturales.

Aquí, vale la pena una digresión respecto de este modo de comprender a las políticas culturales basadas en admitir que el Estado no es el único con la potestad para formular políticas culturales. En los ámbitos académicos, esta acepción tiene que ver con la ampliación o pluralización del concepto de política cultural, que toma relevancia en América Latina durante la década de los 80 (García Canclini, 1987García Canclini(1987); Infantino, 2019Infantino(2019)). Así proliferaron una serie de producciones que comprenden a las políticas culturales como herramientas con múltiples fines y en constante disputa por parte de “agentes que apelan desde distintos sentidos y desiguales condiciones de poder a la cultura” (Infantino, 2019: 23)Infantino(2019) Volviendo al punto de partida de esta digresión, sostenemos que criticar la noción de que el Estado detenta de manera exclusiva la capacidad de formular políticas culturales habilita a reconocer los procesos de subjetivación de parte de los colectivos culturales y su capacidad de experimentación más allá de la “sujeción” al discurso de las políticas culturales instituidas.

En el próximo apartado damos cuenta de una serie de desarrollos teóricos y conceptos a los que acudimos para articular estos procesos en los que se les adjudica un lugar determinado a los colectivos como sujetos de un discurso específico (en este caso como sujetos de una determinada política pública) y los procesos por los que estos construyen subjetividades capaces de “decirse”.

En un análisis precedente que tuvo como objeto de estudio la vinculación de colectivos culturales que intervinieron en los procesos participativos de elaboración del proyecto de Ley en Apoyo a la Cultura Comunitaria, Autogestiva e Independiente con el Programa Nacional Puntos de Cultura (2011-2019) de Argentina, nos interesamos por abordar, entre otras cosas, la dimensión identitaria de sus marcos interpretativos. En el análisis de dicho fenómeno, nos propusimos despegarnos de una versión de “identidad colectiva” concebida como constructo simbólico estable, definido de manera intencional, estratégica y conscientemente. Por ello, nos posicionamos desde una perspectiva que tuviera en cuenta su carácter dinámico, procesual e histórico.

En lo que respecta al campo de los denominados Estudios Culturales, la cuestión de la identidad es problematizada desde comienzos de los 90, como un constructo tan apremiante como paradójico, al que se acude con la búsqueda de precisión, pero que aparece luego de manera “descentrada”, “deconstruida” (Hall, 2003)Hall(2003) o descontextualizada. La identidad, no es sino otro relato que refleja el cambio de paradigma de la modernidad a la posmodernidad. Ahora bien, para Stuart Hall la deconstrucción de los conceptos originales, como sucede con el concepto de identidad, no significa que estos dejen de ser útiles. De hecho, acordamos con lo que postula el autor respecto de que hay ciertas cuestiones que no pueden interpretarse desde la utilización del concepto tal como lo propone el paradigma desde el que surge. Sin embargo, no se puede prescindir totalmente de éste, mientras no surjan conceptos nuevos. Esto sugiere Hall, al manifestar que la identidad debe funcionar “bajo borradura” (2003: 14)Hall(2003).

Lo que subyace a esta crítica respecto del modo tradicional de concebir la identidad, tiene que ver con entender que ésta se configura como una articulación entre la sujeción producida cuando el sujeto es convocado a ocupar un lugar determinado y el resultar investido en la posición. En palabras de Hall,

las identidades son (...) las posiciones que el sujeto está obligado a tomar, a la vez que siempre “sabe” (en este punto nos traiciona el lenguaje de la conciencia) que son representaciones, que la representación siempre se construye a través de una “falta”, una división, desde el lugar del Otro, y por eso nunca puede ser adecuada −idéntica− a los procesos subjetivos investidos en ellas (2003; 20)Hall(2003).

Tal conceptualización resulta pertinente para el presente análisis, puesto que nos interesa poner en cuestión el proceso de identificación por parte de los colectivos descritos anteriormente como sujetos de políticas culturales institucionalizadas. Esto es, confrontar con la idea de que, a partir de la interpelación a los sujetos a ocupar un lugar determinado en un discurso social, estos quedan sujetados a ese discurso de manera unilateral. Stuart Hall dialoga de manera crítica con la conceptualización realizada por Althusser (mediante su interpretación de Lacan) y por Foucault, de los procesos de identificación. Para estos autores, se plantea la necesidad de trascender la explicación de cómo se interpela a los sujetos a ocupar una posición en las estructuras discursivas, intentando dar cuenta de los procesos de constitución de los sujetos. Sin embargo, Hall sostiene que no existe aún una teorización sobre los efectos de sutura, “la efectuación del enlace del sujeto con estructuras de sentido” (Hall, 2003:20)Hall(2003)

De allí se desprende que, en cierto sentido, hay una ausencia en dichas perspectivas de una teorización respecto del mecanismo que permite que algunos sujetos se sientan (de manera siempre precaria y contingente), más o menos identificados o no hacerlo nunca. Esto implicaría poder contemplar una gama de posibilidades que tienen que ver con resistencias, adaptaciones, negociaciones que los sujetos tendrían para con las regulaciones normativas a las que confrontan y con las que, a su vez, se autorregulan. Nuevamente, para Hall, existiría, entonces en la identidad, una articulación o sutura. Esta se produciría a partir de, por un lado, la “interpelación” que generan los discursos y prácticas que intentan ponernos en nuestro lugar como sujetos de discursos particulares; y por otro, los procesos que construyen subjetividades susceptibles de ser enunciadas (Hall, 2003)Hall(2003).

Pero ¿con qué herramientas conceptuales podemos dar cuenta de dicho proceso precario y contingente en el que se constituyen las subjetividades, en el que se enfrentan, negocian, se adaptan a regulaciones normativas que intentan adjudicarles una identidad fija? Aquí adoptaremos el sentido propuesto por Rancière y retomado por Quintana, de subjetivación política.

En primer lugar, vale decir que para Rancière (1996)Rancière(1996), la subjetivación política es entendida como una disyunción, un desacople que permite dar visibilidad a aquellas partes que estaban siendo excluidas de un determinado orden social, o en términos del autor, cierto reparto de lo sensible. Prácticas ensambladoras (o conjuntivas) y desensambladoras (o disyuntivas), son los conceptos que utiliza Rancière para dar cuenta de la diferencia entre, por un lado, las que se constituyen como prácticas inherentes a la lógica policial de las regulaciones normativas, los mecanismos integradores del gobierno y el control social, y por otro, las prácticas políticas significativas (Rancière, 2015Rancière(2015); Manrique y Quintana, 2016Manrique and Quintana(2016))

La política, entonces, presenta su dimensión estética en el sentido de que escenifican disenso, “un conflicto de mundos sensoriales, por parte de sujetos que actúan como si fueran el pueblo” (Rancière, 2015: 34)Rancière(2015); es decir, que visibilizan un daño hecho a la comunidad por parte de la lógica policial. Así mismo, la disyunción o desensamblaje en el reparto de lo sensible, puede producirse en un nivel micropolítico, en tanto importe la confrontación a identidades fijadas, funciones y lugares asignados por parte de corporalidades singulares o una pluralidad de estas. Pero interesa en esta parte, analizar el nivel de desensamblaje que tiene que ver con la subjetivación política, que implica, por ejemplo, la manera en que una comunidad o colectivo pone en evidencia las exclusiones, daños, invisibilizaciones que produce un “orden social y gubernamental instituido” (Manrique y Quintana, 2016)Manrique and Quintana(2016).

Por su parte, Quintana (2015)Quintana(2015) retoma la definición racieriana de subjetivación política para articularla con las manifestaciones polémicas de ciertos movimientos sociales que desafían las fronteras de lo común. Esto es, entendiendo que las prácticas de la comunidad objeto de estudio, existe no solo un uso político de los derechos instituidos, sino construyendo sus reivindicaciones como parte de la definición de una estructura política del desacuerdo. Dicha perspectiva teórica discute con tradiciones^{[fn2] [ref3] [ref11]} que conceptualizan los movimientos sociales desde un marco liberal. Es decir, con aquellos enfoques que entienden a los movimientos simplemente como actores que reclaman la inclusión en un orden que los ha excluido, o que se limitan a hacer un uso de los derechos desde una posición reformista.

Por otro lado, trascender esa matriz liberal para interpretar la conflictividad social, implica dejar de concebir la democracia sólo en términos de “buen gobierno consensual” (Quintana, 2015: 75)Quintana(2015), o asociada a un Estado de Derecho que se presupone incluyente, sino entenderla asociada al despliegue de acciones conflictivas que hacen ver “como comunes a sujetos y problemas que antes no eran considerados como parte del “espacio establecido como común” (Quintana, 2015: 76)Quintana(2015). En esa operación de formulación de derechos no instituidos, los movimientos sociales estarían articulando carencias invisibilizadas a partir de demandas colectivas no traducibles en términos de derechos establecidos, aunque puede que se valgan de estos últimos para elaborar los primeros.

En este punto se anuda la definición de identidad esbozada por Hall y el vínculo problematizado por Quintana entre un orden social y gubernamental instituido y la subjetivación política. O, en otras palabras, la relación entre la interpelación que genera el discurso que designa un lugar determinado para sujetos de un derecho instituido determinado y el proceso de subjetivación que implica construir “nuevas palabras sobre la comunidad en lo dado” (Ranciére, 2010Rancière(2010) citado en Manrique y Quintana, 2016: 10Manrique and Quintana(2016)). Vale destacar, sin embargo, que no intentamos instalar una equivalencia entre identidad y subjetivación política, sino poner en diálogo el modo de entender la identidad de Hall en diálogo con los procesos de desensamble que ocurren por caso, en ciertas comunidades, organizaciones o colectivos que apelan a confrontar con el orden social instituido.

Para Quintana, el proceso de subjetivación política implica una “identidad imposible”, esto es el surgimiento de un “nous-otros” no identificable previamente en el espacio social y que no se constituye en un “sujeto colectivo personalizado e identificable” (Quintana, 2015: 77)Quintana(2015). La subjetivación política reside en ese proceso en el que se cuestionan y desplazan identidades y límites entre lo personal y lo impersonal; lo objetivo y lo subjetivo; “desde prácticas que surgen en tejidos de interacción, circulaciones y agenciamientos” (Manrique y Quintana, 2016: 10)Manrique and Quintana(2016) entendidos como la integración de elementos heterogéneos.

Interesa en este apartado dar cuenta de algunas conclusiones a las que arribamos en una investigación precedentefn3, dialogando con la propuesta de Hall y Quintana, sin que se convierta en un ejercicio de aplicación concreta de sus reflexiones teóricas, sino más bien intentando superar el vínculo de exterioridad entre lo que, a menudo, se presenta como un “enfoque teórico” y un “estudio de caso”. De este modo, nuestro análisis no consiste en subsumir un fenómeno a una explicación determinada, sino conectar los elementos de la teoría y la empiria, en la explicación misma del fenómeno que problematizamos (Barros, 2008)Barros(2008)

Para delimitar nuestro objeto de estudio, corresponde señalar que en la diversidad de colectivos que se han vinculado con el Programa Nacional Puntos de Cultura al que hacemos referencia en este trabajo, existen algunos que se identifican más que otros con los valores y las reivindicaciones de CVC. Por otro lado, hay una variedad de colectivos que han resultado beneficiarios de la política pública que desconocen o sólo han oído algunas referencias de CVC.

Consideramos que para analizar los procesos de identificación de dichos colectivos una vía de entrada posible la constituye el abordaje de los sentidos que subyacen en las producciones discursivas de estos sujetos. En particular, en torno a lo que entienden por cultura, cultura comunitaria y políticas culturales. Al considerar los sentidos que se construyen en torno a la cultura, en la heterogeneidad de las producciones discursivas de los sujetos estudiados podemos esquematizar una distinción a los fines analíticos. A saber: para algunos colectivos, la cultura se constituye en un fin en sí mismo, intentando disputar permanentemente su contenido. En cambio, para otros ésta posee un sentido más restringido, mayormente ligado a las expresiones artísticas y es concebida como un medio o una herramienta para intervenir en otras áreas, a las que consideran un ámbito separado. En este sentido, que la cultura se entienda como un ámbito de disputa, teniendo al Estado y a las políticas culturales instituidas como principales interlocutores, nos habilita a pensar en las reivindicaciones de estos sujetos como “estructuras políticas del desacuerdo” (Quintana, 2015)Quintana(2015).

No obstante, para aquellos sujetos que resultan mayormente interpelados por los modos de regulación e identificación establecidos por las políticas oficiales, la perspectiva de derechos se encuentra aparejada con una demanda de inclusión a un ordenamiento que los ha excluido, sin cuestionar las violencias implicadas en la institucionalidad vigente. De allí se desprende la idea de que en los colectivos vinculados a CVC existen mecanismos de desacople a la identidad a la que se los intenta convocar como beneficiarios de una política cultural instituida. Esto tendría que ver con ciertos procesos, en su manera de comprender la cultura, la cultura comunitaria y la participación que pueden ser pensados como la disputa por nuevos modos de ser en común, o en términos rancierianos, por reconfiguraciones de un reparto determinado de lo sensible.

En este apartado nos proponemos dar cuenta de ciertos rasgos diferenciales que adoptan los colectivos vinculados a CVC, respecto de aquellos que se autoperciben como meros beneficiarios de la política cultural. Sin pretender taxonomizar a los colectivos de CVC a partir de dichas dimensionesfn4, mencionamos algunas conclusiones parciales respecto de aquellas acciones o prácticas discursivas que consideramos componentes de la apuesta experimental de CVC.

Como ya se había adelantado, el argumento que defendemos es que aquellos colectivos vinculados al Movimiento CVC pueden darse ciertos procesos de subjetivación política que hacen emerger de manera experimental y disensual, otras formas de ser en común (Quintana, 2015; 70)Quintana(2015), diferente a lo que sucede con quienes se encuentran más interpelados a ocupar el lugar de beneficiarios. A partir de la experimentación política presente en estos colectivos, encontramos como rasgo común su tendencia a "escenificar el desacuerdo" o a hacer visibles los "daños a la igualdad" (Rancière, 1995Rancière(1995) citado en Manrique y Quintana, 2016Manrique and Quintana(2016)) presentes en el orden político que con el que confrontan.

Sostenemos que la escenificación del desacuerdo está presente en al menos tres dimensiones de la experiencia analizada, que denotan una sociabilidad diferente. Esto propicia que los sujetos colectivos se desplacen de los lugares previamente asignados por el Estado y por el Mercado, en las relaciones de producción, recepción y distribución cultural (Maccioni, 2014)Maccioni(2014) y que se produzca una cierta subjetivación política (Quintana, 2015)Quintana(2015)

En primer lugar, se presenta como relevante el vínculo con el Estado, sea en reparticiones públicas relacionadas con la cultura, como con legisladores de diferentes niveles estatales. En el caso de los entrevistados que se vinculan con CVC, se evidencian relaciones de diálogo y encuentro frecuente no sólo con funcionarios del Programa Nacional Puntos de Cultura, sino también con agentes estatales a nivel municipal. En algunos casos, los referentes de CVC se perciben como cocreadores de políticas culturales y con capacidad de incidir en los diferentes niveles del Estado. En suma, vale decir que estos actores reconocen su capacidad de confrontar con los sentidos construidos en torno a lo cultural, dotando a sus iniciativas de una cierta institucionalidad, en mayor o menor medida, pero fundamentalmente reflexionando sobre y con el Estado, como una institución que es accesible, que articula demandas y las legitima mediante programas y políticas públicas.

Esto nos permite deducir que los colectivos vinculados a CVC si bien se desplazan de los roles asignados por el Estado como “beneficiarios de políticas públicas”, en dicha subjetivación hay implicado también un “uso político” de la política cultural instituida. De esta manera, adherimos a lo que manifiesta Quintana respecto de la posibilidad de escenificar un desacuerdo a partir de ese uso estratégico, confrontar los mecanismos desigualitarios gubernamentales a partir de la lógica de igualdad. Este contraste de lógicas se evidenció a partir del uso que le dieron los participantes de CVC a las instancias de articulación propuesta por el Programa Puntos de Cultura. Así, los Encuentros de Puntos de Cultura organizados por el Ministerio de Cultura, la Comisión Nacional de Puntos de Cultura y el Consejo Cultural Comunitario se constituyeron para los colectivos de CVC en oportunidades para fortalecer la dimensión autónoma de los procesos e interactuar con otras organizaciones y funcionarios de reparticiones públicas de ámbitos subnacionales (de un municipio, una provincia o una región).

En segundo lugar, destacamos como dimensión de análisis, al vínculo con la militancia territorial partidaria. Los referentes de CVC tienen contacto en el territorio con diversas organizaciones partidarias, pero sin que exista identificación con éstas. Según los testimonios recogidos, los vínculos de los referentes de CVC con la militancia barrial pueden ser de colaboración o “compromiso” para con los espacios culturales, fundamentalmente con trabajo y presencia, como también puede generarse una suerte de competencia por los recursos del Estado. En última instancia, en esta dimensión, la disputa pasa por lo que está legitimado por el propio Estado y las organizaciones políticas de base territorial como prácticas políticas. Puede decirse que lo que se escenifica es un desacuerdo en el territorio sobre lo que significa “hacer política”, donde intervienen también concepciones diversas en torno a la militancia y la participación.

Por último, en la experiencia analizada se tornó relevante el desacuerdo en torno al lugar de visibilidad y centralidad que adquiere Buenos Aires tanto en las instancias de organización del Movimiento CVC como el desarrollo de la política cultural oficial. Esta clave de lectura tiene como origen la dislocación que se produce entre el énfasis en procesos situados a nivel submunicipal (comunidades o barrios) y el carácter nacional o incluso internacional de las políticas públicas y las acciones de CVC. Por ello, para los entrevistados (en este caso, todos emplazados en la Provincia de Córdoba) la disputa tiene que ver con visibilizar y dotar de protagonismo a aquellas experiencias que no se encuentran geográficamente próximas al núcleo desde donde se toman las decisiones de envergadura nacional, es decir a la Capital Federal.

En algunos casos, la apuesta de los colectivos del interior es organizar en sus propios territorios las reuniones, encuentros regionales o “congresos”^{[fn5] [ref6]} que reúnen a miembros nacionales e internacionales de CVC. También existen estrategias de visibilización de las experiencias de CVC que hacen un “uso político” de las instancias institucionales. Quienes se reconocen como referentes de la Cultura Comunitaria en la provincia de Córdoba, poseen vínculos con los funcionarios de las áreas culturales de los municipios en donde se desarrollan sus prácticas. Fruto de esas relaciones, algunos de ellos han motorizado la sanción de ordenanzasfn6 o la colaboración con Secretarías de Cultura para la creación de políticas culturales vinculadas a procesos barriales.

En este trabajo sostenemos que puede considerarse a los colectivos vinculados a CVC como la emergencia de una comunidad nueva, antes inexistente en el espacio social. Este “movimiento” se desmarca de cierta identidad establecida por las políticas culturales oficiales, aunque se asienten sobre la base de conquistas de derechos ya instituidos. Nos propusimos, a partir de la concepción de identidad de Hall (2003)Hall(2003), trascender aquellas perspectivas que abonan una versión de “identidad colectiva” concebida como constructo simbólico estable, definido de manera intencional, estratégica y conscientemente. Por ello nos posicionamos desde una perspectiva que tuviera en cuenta su carácter dinámico, procesual e histórico.

Consideramos que existe, más allá de aquel proceso de interpelación subjetiva que intenta adjudicarles a los sujetos colectivos un lugar determinado (en este caso como beneficiarios de una política cultural), un proceso precario y contingente por el cual se constituyen ciertas subjetividades políticas que se enfrentan, negocian, o se adaptan a regulaciones normativas y al orden político instituido. Como desarrollamos previamente, entendemos a los procesos de subjetivación política se produce cuando existe un desacople o disyunción en el reparto de lo sensible, es decir se comienza a visibilizar o escenificar el desacuerdo con cierto orden social instituido.

Aquellas son las prácticas políticas significativas que señalamos respecto de los colectivos vinculados a CVC. La definición misma de la Cultura Comunitaria implica poner en cuestión lo que se entiende por política cultural, permitiendo comprenderlas en sentido amplio. Esto es, confrontando con la concepción que le otorga al Estado la capacidad exclusiva de definición de políticas culturales. La apuesta experimental de ese sujeto político inacabado que se denomina “Movimiento Cultura Viva Comunitaria” reside en el uso político de determinadas políticas públicas instituidas que a la vez interpela a sus participantes como beneficiarios y sujetos de derecho, para resultar investidos de una subjetividad nueva, heterogénea, que se resiste a una identificación y a partir de la cual, se propone un nuevo reparto de lo sensible.

Tal como sugerimos, la escenificación del desacuerdo puede evidenciarse en la experiencia analizada, en el vínculo con el Estado, disputando lo que se considera cultura y cultura comunitaria. En algunas circunstancias, esto se desarrolla apelando al “uso político” de derechos ya instituidos y en otros, dándose sus propios procesos autónomos (encuentros, congresos, acciones colectivas) para visibilizar exclusiones o “daños” a la igualdad que produce determinado orden gubernamental instituido. En segundo lugar, se produce una confrontación, no solo con las maneras tradicionales de participación política (partidos políticos y sindicatos) sino incluso con lo que los militantes de base entienden por “hacer política” en el territorio. Por otro lado, también se escenifica el desacuerdo, a partir de la confrontación con la centralidad de Buenos Aires. No solo en cuanto a las maneras de vincularse con la institucionalidad de los colectivos geográficamente cercanos a la Capital Federal sino también en lo que los colectivos se representan como organización cultural comunitaria.

Por lo mencionado, abonamos la idea de que en los colectivos vinculados a CVC analizados existe una subjetivación política, más que solo solo un desujetamiento a las identidades que se correspondería con un nivel micropolítico de reconfiguración de lo sensible. Entendemos que CVC genera propuestas que intentan evidenciar permanentemente cómo las políticas oficiales de cultura (incluso las orientadas a la propia "cultura de base comunitaria", i.e. Puntos de Cultura), genera ciertas exclusiones, violencias, desigualdades, y, además, al ponerse en relación con ese orden social y gubernamental instituido, hace emerger de manera disensual y experimental, otras formas de ser en común.